El artículo supone una fuerte crítica al abuso
reiterado, tanto por los actuales gobernantes del Ayuntamiento (PP)
como por los anteriores (PSOE),
de la figura de la modificación puntual de las normas subsidiarias
(NN.SS.) cada vez que se tramita y aprueba el desarrollo de las diferentes
unidades urbanísticas que las componen. De tal manera que, cuando
las NN.SS. se hayan desarrollado completamente, no existe parecido
alguno entre lo planificado y aprobado inicialmente
y lo edificado al final.
Lo grave del asunto es que tales modificaciones puntuales no obedecen
a intereses municipales sino que son propuestas que sólo
benefician a los promotores urbanísticos.
También se habla del aumento de la edificabilidad que se aprobó el año pasado que supuso su multiplicación por 6 del suelo rústico especialmente protegido, es decir, casi todo pues en Guadalix todo lo que no es edificable es rústico especialmente protegido. Así mismo habla de la modificación aprobada de la ordenanza del casco urbano que permite la edificación de bloques de vivienda en altura.
Otro tema que al diario le parece especialmente grave es la aprobación del convenio denominado “Prado de la Noria” que supone la sustitución de 28 chalets por 126 pisos, a pesar de contar con el informe desfavorable del Servicio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, beneficiándose de ello la empresa promotora, presuntamente vinculada muy directamente a un concejal del PSOE, como quedó patente en el propio pleno en que se aprobó este convenio.
Por último, destacamos la exposición que hace de la escalada
de precios que viene sufriendo toda la vivienda, la nueva y la usada,
que en cuestión de meses duplican sus precios. Curiosamente,
el PP justifica la construcción de pisos en bloques de viviendas
en altura, bajo el argumento de su “menor
costo de construcción”, extremo este que, sin embargo,
no concluye en un menor precio final de la vivienda.
Muy al contrario, los precios por metro cuadrado de los pisos son un 20% más
altos que el de los chalets, aportando, por lo tanto, mayores plusvalías
para los promotores (a los que, no olvidemos, ya les ha costado
menos construir cada metro cuadrado de piso), detrayéndolas
y, en definitiva, abusando aún más, de quien menos recursos
económicos tiene que son los que optan por comprar esos
pisos por no poder acceder al prohibitivo precio de los chalets.
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