EL PAÍS  -  Opinión - 08-01-2005

El vertiginoso crecimiento de la construcción en España ha dejado una profunda huella en su territorio. En sólo 10 años, el suelo urbanizado ha aumentado un 25% (equivalente a edificar íntegramente una provincia como Guipúzcoa), mientras que la superficie de bosque no ha hecho más que retroceder, llegando a perder 240.000 hectáreas. Este avance del cemento ha sido especialmente voraz en comunidades como Madrid, Valencia y Murcia, donde se han registrado entre 1990 y 2000 aumentos superiores al 50% en la urbanización.

El impacto ambiental generado por esta explosión urbanística había esquivado hasta la fecha su visualización global, oculta tras la variedad de las cifras que ofrecen los catastros, registros, licencias y planes de ordenación de las distintas comunidades y ayuntamientos. La cartografía del suelo realizada con satélite por el Instituto Geográfico Nacional ha acabado con estas discrepancias y ha permitido obtener una imagen nítida de los efectos del desarrollo urbanístico español.

La primera sorpresa ha sido el carácter abrupto e incontrolado de este crecimiento, que ha desfigurado, como nunca en su historia, el rostro del país. No sólo se ha duplicado la media europea de superficie construida, sino que entornos tan sensibles como el primer kilómetro de costa han sido cementados sin compasión, hasta el punto de que el 34% de la costa Mediterránea ya está ocupado por urbanizaciones. Ni el aumento de la población (cuatro veces inferior a la urbanización registrada) ni las nuevas necesidades de vivienda lo justifican. Tampoco el habitual recurso al crecimiento económico.

En una economía impulsada por las turbinas del turismo y la construcción es difícil pensar en una paralización de la actividad urbanizadora, pero España se ha lanzado a una aberrante carrera en la que tienen responsabilidad directa las administraciones municipales y autonómicas. No en balde, la conversión del suelo en la principal vía de financiación de los ayuntamientos ha sido el catalizador de esta actividad destructiva para la que, en muchos casos, ya no hay retorno posible.

El daño medioambiental, como han destacado los expertos, permanecerá durante generaciones y el beneficio obtenido, aparte del fogonazo económico, menguará a la larga, sobre todo por sus efectos en un turismo cada vez más exigente con la calidad medioambiental. Es necesario rectificar.

Ver artículo original El País 05/01/05